Ecuador ha permitido el retorno del FMI, que trae consigo la misma receta con la que ha condicionado al país en 16 ocasiones anteriores.
Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Sin importar quien lo haya dicho, la ortodoxia económica ecuatoriana parece no entender el enunciado. Así que nuevamente ha permitido el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI), que trae consigo la misma receta con la que ha condicionado al país en 16 ocasiones anteriores (1983 – 2003).
El 11 de marzo de 2019, el Gobierno de Lenín Moreno anunció que había llegado a un acuerdo de Servicio Ampliado por USD 4.200 millones a tres años con la multilateral, en una burda violación a la Constitución de 2008. Según el artículo 419 y 438, la ratificación de un tratado internacional requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y Corte Constitucional, en caso de que este comprometa, “la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales.”
A pesar de ello, y aproximadamente dos semanas después, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la carta de intención con las propuestas que emprendería el régimen. Esta nueva declaración de voluntad se convierte en la décima séptima (17) ocasión que el Ecuador emprenderá reformas estructurales para satisfacer las condicionalidades del FMI, que en el pasado han demostrado tener un costo altísimo a nivel de estabilidad macroeconómica, derechos y avances sociales.
Y en esta ocasión las proyecciones tampoco son prometedoras, el FMI en su reporte (Artículo IV) 2019 para la nación andina, espera un decrecimiento del PIB de -0.5 % en 2019 y un incipiente crecimiento del 0.2 % para 2020, cantidad menor incluso a las registrada en el 2000. En contraste, según la información del Banco Mundial, y sin reformas estructurales neoliberales, el crecimiento anual del PIB en promedio entre 2006 y 2017 fue de 3.3 %.
A pesar de ello, el equipo económico de Richard Martínez, Ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, con el beneplácito de Lenín Moreno, ha optado por el camino de la austeridad. En la carta de intención detallan que el objetivo principal del Gobierno será el de reducir el déficit primario no petrolero del sector público no financiero, en un 5 % del PIB durante los próximo tres años. Es decir, el Estado ecuatoriano dejará de gastar en Ecuador.
La receta “tradicional” incluirá: reducir el tamaño del Estado (Estado mínimo), achicar el gasto fiscal, flexibilizar y desregularizar las relaciones laborales, reformas tributarias para satisfacer intereses de élites económicas y corporativas, privatizar bienes públicos, desregularizar controles estatales – especialmente independencia del Banco Central -, y liberalizar el sector externo.
Para ello se proponen cuatro categorías de intervención: la primera será el reajuste de la masa salarial del sector público, lo cual implicará despidos masivos – se renovará solamente el 50 % de contratos que expiren en sectores no sociales -, reducción de salarios, y no renovación para contratos ocasionales. La segunda área será la reducción de subsidios a combustibles, especialmente diésel industrial. La tercera una reforma tributaria con mayores beneficios para los deciles más altos de la sociedad; y para terminar una reducción del gasto público de capital, bienes y servicios.
El presente análisis se centra, primordialmente, en la propuesta de austeridad expansiva que propone el Gobierno, ya que en sí es el eje de todo el acuerdo con el FMI. Esta medida inicia viciada ya que en sí ha demostrado ser una no-solución, basada en muchos supuestos ortodoxos sin fundamentos en la economía real. Un caso de estudio es la comparación de las políticas de austeridad aplicadas en Portugal.
Para 2011, la nación ibérica estaba al borde de un colapso económico, así que acudió al FMI, la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo por aproximadamente USD 91.000 millones. Cumpliendo con la receta, un paquete de medidas de austeridad fueron condicionadas e inmediatamente y aplicadas entre 2011 y 2014. Sin embargo, la medicina terminó siendo aún peor que la enfermedad, para 2014 el crecimiento del PIB era negativo y el desempleo llegaba al 15 %.
El descontento social resultó en el triunfo parlamentario de una mayoría conformada por la coalición de izquierdas, liderada por Antonio Costa. En 2015, iniciaron a revertir las medidas más duras de austeridad: aumentaron los salarios del sector público, el salario mínimo y las pensiones, e incluso volvieron brindar ciertos derechos adquiridos por los trabajadores. El resultado sorprendió, incluso al FMI, quienes no tuvieron otra salida que aceptar su error.
“El caso de Portugal demuestra que, si se exageran las medidas de austeridad, terminan por agravar la recesión y crean un círculo vicioso”, enfatizó Costa en una entrevista al diario estadounidense The New York Times. A pesar del resultado, la presión de las multilaterales es evidente ya que Costa ha continuado con medidas de austeridad más leves pero nuevamente afectando al bienestar y derechos de la clase trabajadora portuguesa.
Pero, ¿por qué la austeridad no funciona? Para responder, es necesario alejarse de cualquier determinante ideológico y político, y recurrir a una identidad contable, que parte desde un indicador primordial: el Producto Nacional Bruto (PNB, y que siempre se cumple expost. Este modelo, conocido como de las tres brechas se lee así: (Sp – Ip) + (Sg – Ig) + (M + R – X)= 0, y expresa la correspondencia entre la demanda global y la oferta global en una economía nacional1.
FUENTE : https://www.hispantv.com/noticias/opinion/428426/ecuador-moreno-retorno-fmi-economia
