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La crisis política y el proceso electoral en Bolivia – Parte 3

La decisión de postergar elecciones en Bolivia es “inconstitucional” e incluso viola las leyes aprobó el propio gobierno de facto tras el golpe contra Evo Morales.

¿Porque la ALP toma la iniciativa de acercar a los actores en conflicto?

Primero, porque el gobierno atraviesa una crisis de credibilidad. Segundo, porque la ALP no puede seguir siendo anulada por el gobierno de facto y el TSE en su poder constitucional, solo porque el MAS-IPSP tiene los dos tercios de voto, y su bancada debe garantizar que las elecciones se realicen el año 2020 en el marco legal que las normas “excepcionales” establecen, para evitar que los comicios se posterguen hasta el año 2021.

Tercero, la ALP al estar representada por diputados y senadores que en su mayoría provienen de los movimientos sociales no puede estar al margen del conflicto que se ha generado, y debe operar en función de los escenarios políticos que se han abierto a raíz de la confrontación.

En estos escenarios, existe la probabilidad que si las elecciones se llevan el 18 de octubre sobre la base de la resolución del TSE, cualquier ciudadano podría interponer una demanda y plantear que la mencionada resolución tiene “vicios de nulidad absoluta” ya que las elecciones se llevarían a cabo en una fecha que no ha sido aprobada por Ley, y si el MAS-IPSP las llegara a ganar, debería enfrentar nuevamente una serie de conflictos generados intencionalmente por la ultra derecha a raíz de la demanda de nulidad, que bien puede ser producto de una estrategia electoral diseñada previamente -por el gobierno y el TSE, en complicidad con las fuerzas políticas de derecha -para arrebatarle nuevamente el triunfo electoral al MAS-IPSP.

Cuarto, la conflictiva situación del país podría desencadenar nuevas acciones de fuerza, ya que se conoce que puede producirse un nuevo golpe de estado civil-militar.

Quinto, en el actual proceso electoral no se descarta la proscripción del MAS-IPSP para que en el juego electoral los únicos habilitados sean las fuerzas políticas que representan al bloque social oligárquico pro-imperialista; y desde este modo, el MAS-IPSP se quedaría sin representación en la ALP.

Tal los escenarios de futuro que obligan a la ALP actuar en el marco de la Ley cumpliendo sus funciones constitucionales. Frente a tales y complejos escenarios, la COB que convoco a la movilización como cabeza de las organizaciones sindicales y sociales, se encuentra en una disyuntiva muy peligrosa al interior de su mismo frente, y fuera de él.

En relación al frente interno, o se respeta las decisiones -renuncia de Jeanine Añez y elecciones el 6 de septiembre-que toman los movimientos sociales en los puntos de bloqueo a través de cabildos, o ceden ante las consideraciones de sus representantes parlamentarios en la ALP, que han elaborado una propuesta de proyecto de Ley que modifica el Art. 1 de la Ley 1304 de postergación de las elecciones generales para el día domingo 11 de octubre de 2020, como una forma de conciliar entre la fecha del 6 de septiembre y la del 18 de octubre.

En este proyecto de Ley se agrega que “El Ministerio público de oficio, iniciara proceso penal contra quienes por cualquier medio, pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva, impostergable e inamovible de las elecciones generales a realizarse el domingo 11 de octubre de 2020”.24En el frente externo, la situación se complica aún más, ya que es evidente que en los movimientos sociales y sus organizaciones se pone de manifiesto y se visibiliza una acumulación de fuerzas que se expresa social y políticamente de forma contestataria en las calles en contra el TSE, y el gobierno de facto. El gobierno frente al conflicto -como en noviembre del 2019-ya envió a la policía para intervenir y asesinar a los manifestantes, que va acorde con la declaraciones del ministro de gobierno al señalar que para parar con la protesta y movilizaciones “meter bala seria lo políticamente correcto” y “meteríamos soldados, policías y aplacaríamos los 151 bloqueos que hay en este momento”25.

A su vez el alto mando militar considera la necesidad -que el gobierno-emita un decreto supremo que permita a las FFAA intervenir en los bloqueos en caso de que la policía se vea rebasada26. En esta línea, el Comité Cívico pro Santa Cruz -que representa la ultra derecha fascista-dio al gobierno un plazo de “48 horas para que levante los bloqueos” de las “bestias humanas”; exigió que el “Ministerio Público dé celeridad al proceso iniciado -por el comité cívico-contra Evo Morales y todos los dirigente del MAS, y contra Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza, por los delitos de lesa humanidad”; y que el “TSE sancione al MAS cancelando su personería jurídica”27.

La posición de este comité relativa a la fecha de las elecciones es que estas no se realicen el 18 de octubre, y plantean dejar la fecha abierta, por lo que se sitúan en la misma posición de Luis Fernando Camacho de que se posterguen hasta el 202128.

Consiguientemente en el frente externo, la protesta popular tiene al frente a los sectores sociales más reaccionarios de la oligarquía pro imperialista del país, que opera desde la sociedad civil y el gobierno. A nivel de la sociedad civil, a través de los Comités Cívicos, las organizaciones políticas que los representan, y a nivel del gobierno de facto a través de asesores de la embajada norteamericana, y de individuos ligados a diferentes partidos conservadores de derecha que ocupan cargos en la administración del estado, a su vez el gobierno de facto tiene de su lado a los factores de poder, Policía y FFAA, que se impondrán a través de la fuerza reprimiendo a la protesta popular que es el único y real factor de poder que tienen los movimientos sociales y el propio MAS-IPSP.

FUENTE : https://www.hispantv.com/noticias/opinion/475047/elecciones-morales-mas-anez

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