Cinco comerciantes (dos mujeres y tres hombres) que transitaban en un vehículo fueron atacados a tiros por una de las partes en conflicto, que los confundió con rivales, reportó la emisora HRN.

La policía dice desconocer si el ataque fue perpetrado por campesinos o guardias de seguridad contratados por los terratenientes de la zona, empeñados en desalojar a los labriegos.

Pero Roberto Benítez, jefe policial de esa región del departamento hondureño de Colón, 600 kilómetros al noreste de aquí, reveló que dispararon desde vehículos en movimiento contra el auto de los comerciantes,

La lucha por la tierra en el productivo Vale del Aguán data de varios años, ocasionó medio centenar de victimas en los últimos meses y dejó el pasado domingo seis muertos y 14 heridos en una propiedad del empresario Miguel Facussé, según cifras oficiales manejadas por la policía.

Organizaciones campesinas permanecen asentadas en siete fincas con una superficie total de unas cuatro mil hectáreas, reclamadas por terratenientes que explotan el cultivo de la palma aceitera africana.

Para resolver el conflicto el presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha intentado comprar esos terrenos a los hacendados para distribuirlos a los campesinos a través del Instituto Nacional Agrario (INA), pero los empresarios se niegan a fijarle un precio.

Lobo ha dispuesto además que cuatro secretarías de Estado le presenten un plan para ejecutar el Catastro Agrario Nacional con el fin de determinar el uso y la propiedad de la tierra para frenar ese tipo de conflictos.

Ante el rebrote de violencia, Lobo decidió reforzar la presencia policial de unos 400 miembros existente en la zona, con una fuerza adicional de 600 hombres más entre policías y militares, desplazados al lugar desde la víspera.

La Casa Presidencial comunicó que esas tropas resguardarán tanto a las fincas como las comunidades para garantizar la tranquilidad de los terratenientes y de los campesinos.

Explicó que los uniformados se proponen desarmar a los civiles para frenar la ola de violencia y que esa fuerza permanecerá en la zona apoyada por fiscales y funcionarios estatales defensores de derechos humanos.

Rolando de la Ribera/PL

  El aeropuerto internacional de Toncontín fue cerrado temporalmente este fin de semana ante la poca visibilidad por las lluvias asociadas a un frente frío que causaron cuatro muertos y daños en viviendas e infraestructura.

La situación climatológica obligó a aplazar para el 22 de enero el encuentro, donde se iban a analizar temas de migración y seguridad vinculados con el tránsito de los centroamericanos por México.

En agosto pasado 72 indocumentados de Centro y Suramérica, 32 de ellos hondureños, fueron asesinados en el estado de Tamaulipas, al parecer por el grupo de narcotraficantes Los Zetas.

Mientras, desde diciembre permanecen secuestrados otros 50 migrantes en Oaxaca.

Honduras, Guatemala y El Salvador protestaron por las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los centroamericanos a su paso por México para tratar de ingresar a Estados Unidos.

En una gira realizada por El Salvador y Guatemala, el subsecretario para América Latina de la cancillería mexicana, Rubén Beltrán, alegó que el crimen organizado también opera en los países del istmo.

Esta es una carretera de dos vías y para prevenir los crímenes que sufren los indocumentados se requiere de un esquema de corresponsabilidad y de acciones de todos y cada uno de los involucrados, dijo Beltrán.

Sin embargo, datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México indican que entre febrero y septiembre del pasado año fueron secuestrados en ese país más de 10 mil centroamericanos.

Carmen Esquivel Sarría/PL

  Juan Ramón Chinchilla, líder del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), estuvo en cautiverio durante dos días, durante los cuales fue sometido a torturas e interrogatorios.

“Creemos que su liberación fue posible por la enorme presión nacional e internacional ejercida por defensores de los derechos humanos, movimientos políticos y organizaciones solidarias con la lucha de nuestro pueblo”, señaló el FNRP en un comunicado.

En una entrevista publicada hoy en el sitio oficial del Frente, Chinchilla narró que sus captores estaban preocupados por la presión nacional e internacional y monitoreaban las noticias por Internet y radio.

El MUCA, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el movimiento de mujeres en resistencia y organizaciones solidarias en varios países condenaron el secuestro y exigieron al gobierno investigar los hechos y garantizar la seguridad de los labriegos.

“Creo también que toda esta presión contribuyó a que no me pasara algo más grave”, dijo Chinchilla.

El dirigente del MUCA responsabilizó con el plagio a grupos armados por los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales, que desde hace varios años se apropiaron de manera fraudulenta de extensos terrenos en el Valle del Aguán.

Durante los últimos meses más de 30 campesinos perdieron la vida en la lucha por el derecho a la tierra en el norte de Honduras.

  El documento, elaborado por la Plataforma de Derechos Humanos de la Niñez y Juventud, fue dado a conocer luego de la matanza de 17 trabajadores en una zapatería de la ciudad de San Pedro Sula.

“Ese caso es apenas la punta del iceberg de una tragedia que hasta la fecha ha cobrado la vida de miles de jóvenes y ante la cual la ciudadanía parece haberse acostumbrado”, señala la organización.

De acuerdo con el estudio, la proporción de menores de 23 años asesinados alcanzó niveles extremos tras la ruptura institucional y durante el régimen de Roberto Micheletti, tendencia mantenida en el gobierno de Porfirio Lobo.

Si en 2008 se registraron 45 crímenes por mes, en el segundo semestre de 2009 y en el primero de 2010 el promedio mensual fue de 65 y 64, respectivamente.

“Lo anterior significa que desde la ruptura del orden se ha dado muerte a más niños, niñas y jóvenes por mes que en ningún otro período de la historia reciente”, precisa el informe publicado en el sitio digital voselsoberano.com.

La Plataforma de Derechos Humanos denunció la deficiente o inexistente labor policial en cuanto a brindar seguridad a la población y su ineficacia a la hora de realizar las investigaciones, lo cual genera un manto de impunidad.

Según las estadísticas, en el 98 por ciento de los casos se desconocen los móviles y los autores de estas muertes.

El abanico de posibilidades va desde bandas organizadas del narcotráfico, pandillas o venganzas particulares, hasta grupos de exterminio parapoliciales, la mal llamada “limpieza social”, señala el texto.

Hay también casos de violencia política, como la muerte de un niño y dos jóvenes durante la represión de las fuerzas de seguridad del régimen de Micheletti a las manifestaciones contra el golpe de Estado.

El informe recoge, además, 30 violaciones sexuales y 63 arrestos de menores de edad, entre otras transgresiones de las prerrogativas ciudadanas.

En la elaboración del documento participaron varios grupos integrados en la Plataforma, como Casa Alianza, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura.

Carmen Esquivel Sarría/PL

  “Los delitos de lesa humanidad no prescriben y tarde o temprano sus autores tendrán que pagar ante la justicia”, advirtió en un comunicado el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que agrupa a una amplia gama de grupos populares y políticos progresistas.

Miembros del Congreso Nacional anunciaron tener listo el decreto que absolverá a los involucrados en delitos derivados de la asonada contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya.

Según el jefe de la Comisión de Amnistía del Parlamento, Rolando Dubón, ya efectuaron una reunión previa con un grupo de juristas para ajustar cada fragmento del proyecto, que será sometido a votación el lunes.

Desde hace años las amnistías se han convertido en el asidero de los violadores de los derechos humanos en América Latina, denunció Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Advirtió Oliva que, aún cuando se apruebe el indulto, los defensores de las prerrogativas ciudadanas llevarán el caso a la Corte Penal Internacional.

La coordinadora de COFADEH consideró como un show el anuncio de la Fiscalía de solicitar la orden de captura contra la cúpula de las fuerzas armadas por la expatriación del presidente Zelaya.

En un editorial publicado hoy el diario Tiempo califica como un simulacro el supuesto enjuiciamiento de los militares y recuerda que el anuncio se hace días antes del debate de la amnistía que “a fuego lento y en baño de María se cocina en el Congreso”.

De acuerdo con Zelaya, durante el régimen de facto se reportaron más de cuatro mil 200 violaciones a los derechos humanos, 130 miembros de la resistencia asesinados, cinco jóvenes masacrados en manifestaciones pacíficas y más de tres mil detenciones.

Carmen Esquivel Sarría/PL)

“Aquí no hay nada que celebrar. Los únicos que tienen motivos para festejar son los ricos”, dijo Juan Barahona, líder del Frente Nacional contra el Golpe de Estado.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión decayeron las ventas de ropa, regalos y comida, mientras se incrementó el número de pobres con improvisadas alcancías que piden dinero en zonas céntricas de la capital.

La navidad en los hogares hondureños no ha tenido el mismo sabor de antes, señala un artículo del periódico El Libertador, y añade que tras el cuartelazo se incrementó la crisis económica y el desempleo.

“El golpe de Estado que los militares ejecutaron en contubernio con los grupos de poder y varios políticos ha dejado heridas profundas que se mantendrán por varias generaciones”, afirma el rotativo.

El 28 de junio soldados encapuchados secuestraron al presidente en su residencia y lo llevaron a la fuerza hacia Costa Rica.

Zelaya logró regresar de manera sorpresiva al país el 21 de septiembre y desde entonces se encuentra en la embajada de Brasil en esta capital.

En solidaridad con el mandatario, cientos de personas realizaron una vigilia en torno a la legación brasileña y enviaron decenas de tarjetas con motivos navideños a Zelaya.

Durante un mensaje a la nación a través de Radio Globo, el presidente constitucional pidió al pueblo fuerza, confianza, fe y amor para que “Honduras esté de pie”.

El presidente reiteró que no renunciará al mandato otorgado por el pueblo y seguirá defendiendo los principios democráticos y la búsqueda de soluciones justas para su país.

PL)

  “Los golpistas tenían como tarea revertir todos los procesos sociales, detener los cambios que se habían propuesto para el país. Eso es parte del objetivo del golpe”, declaró Zelaya a Radio Globo.

Honduras se sumó al ALBA el 25 de agosto de 2008. La adhesión a ese mecanismo de integración trajo muchos beneficios para el país en sectores como la educación, salud, energía y producción alimentaria.

En materia energética, la incorporación al ALBA y concretamente a Petrocaribe, garantizó un suministro estable de 20 mil barriles diarios de petróleo, a precios preferenciales y con bajas tasas de interés.

El país centroamericano recibió de ese bloque 100 modernos tractores, además de arados, sembradoras y otros implementos agrícolas para el fomento de la producción.

Honduras fue beneficiada también por la Operación Milagro, un proyecto cubano-venezolano que devolvió o mejoró la visión a unos 40 mil ciudadanos de escasos recursos.

A lo anterior se suma el apoyo del ALBA a la campaña de alfabetización que permitió enseñar a leer y a escribir a más de 250 mil personas.

Todos estos planes quedarán suspendidos si el Congreso Nacional aprueba la petición del jefe del régimen de facto, Roberto Micheletti, de retirar a Honduras de la Alianza Bolivariana.

El presidente electo en los comicios ilegales del 29 de noviembre, Porfirio Lobo, anunció el respaldo de su partido, el Nacional, a una salida del mecanismo integracionista.

Durante su reciente cumbre en La Habana, el ALBA ratificó su más enérgica condena al golpe de Estado y al proceso de legitimar esa asonada mediante elecciones.

La declaración final reconoció la actitud valiente de Zelaya, expresó la solidaridad con el pueblo hondureño y denunció los propósitos del cuartelazo de frenar el avance de las fuerzas del progreso y de la justicia en este país y en América Latina.

Fuente/PL)