Como parte de la estrategia post-golpe de Estado, el gobierno de facto, junto a sus aliados políticos han buscado proscribir la personería jurídica del MAS-IPSP, inhabilitar a su candidato presidencial Luis Arce Catacora, y perseguir políticamente a sus dirigentes.
Con este objetivo han interpuesto ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y ante los tribunales competentes de justicia varias demandas, e iniciado procesos penales que ya fueron recepcionados por la fiscalía.
La decisión política de inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP, es parte de una estrategia que tiene el objetivo de eliminar del sistema político formal al instrumento político de los pueblos indígenas originarios y campesinos, en torno al cual también se articularon intelectuales y profesionales de las capas medias urbanas, sectores sociales progresistas e interculturales de la sociedad identificados con un proyecto político y programa alternativo al de las elites políticas que gobernaron el país antes del ano 2006[1].
Con la implementación de esta estrategia, se vulneraria los derechos políticos de las mayorías nacionales que tienen no solo una identificación con el proyecto político y programa del MAS-IPSP, sino se encuentran articulados orgánicamente a través de sus organizaciones sociales en torno a esta organización política, denominada por eso mismo, “Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos” (IPSP). Esto también explica por qué la mayoría de los candidatos a diputados uninominales de MAS-IPSP, y también parte de los plurinominales, son nominados por las organizaciones sociales a través de la democracia directa, participativa y comunitaria, que es la democracia interna que se ejerce en el MAS- IPSP, la misma que complementa y fortalece a la democracia representativa. En este sentido, la representación política del MAS-IPSP tiene una amplia base social, que contrasta con la de los candidatos del bloque político opositor que son nominados “a dedo” y que la jerga política denomina “dedocracia”.
Entonces, si se pretende eliminar del juego electoral al MAS-IPSP se atenta contra la democracia, y el sistema político de partidos quedaría reducido a una gama de organizaciones políticas de centro derecha hasta la extrema de derecha, que no representan a la mayoría nacional que es diversa y pluricultural en Bolivia, y los derechos políticos conquistados y establecidos en la CPE serían vulnerados.
El artículo 26, parágrafo I de la CPE, señala: “Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva (…). Interpretando este mandato, se puede afirmar que al anular la personería del MAS-IPSP, no todos los ciudadanos podrían ejercer los derechos políticos en esta contienda electoral, ya que el 40% de los ciudadanos que -según las encuestas- se sienten representados por esta organización
política, se quedarían sin representación, y su derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político estaría totalmente vulnerado porque en el juego electoral solo quedaran las opciones del bloque político opositor al MAS-IPSP. Es mas, los sectores sociales al no sentirse representados por las elites políticas conservadoras del anterior ciclo político neoliberal (1985-2005) optaron por organizar su propio instrumento político el MAS-IPSP, para ejercer su derecho al voto y cumplir con los mandatos constitucionales establecidos en el parágrafo II, del Art 26 de la CPE, que señala: “el derecho a la participación comprende: 1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución. 2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente”. El ejercicio de los derechos políticos, y el hecho de contar con su propio instrumento político, permitió a los sectores sociales mayoritarios que eran marginados, visibilizados, discriminados llegar a ser gobierno estar incluirlos en el ejercicio del Poder del Estado por 14 años consecutivos a la cabeza de Evo Morales Ayma.
Ahora bien, es importante mencionar que el bloque político opositor al MAS-IPSP, después del golpe nunca tuvo la voluntad política de generar un proceso electoral libre transparente y democrático, para disputarse en este ámbito el poder del Estado. Es más, la estrategia post golpe fue prorrogar al gobierno de la estólida autoproclamada Jeanine Añez, postergar las elecciones y aniquilar al MAS-IPSP por todas las vías posibles; una de estas vías es la de eliminarlo como contendiente en el juego electoral. Por eso, desde noviembre de 2019 los golpistas apenas se hicieron cargo del gobierno tomaron la decisión política de proscribirlo junto a sus candidatos. Esta decisión se ha ido materializando introduciendo demandas a los tribunales competentes para inhabilitar al MAS-IPSP que por orden cronológico, y por sus causales son las siguientes:
1. Inhabilitar la personería jurídica del MAS-IPSP por instruir el fraude electoral de octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional.
En fecha 15 de noviembre de 2019, la estólida autoproclamada Presidenta del Estado Jeanine Añez, en una entrevista con la BBC de Londres, declaró: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”.[1] Seguidamente a esta declaración el colectivo “Generación 21” presenta un recurso al TSE solicitando la cancelación de la personería jurídica del MAS-IPSP debido a que “El gobierno de Evo Morales, el 20 de octubre, al instruir al TSE que cometa fraude electoral ha cometido un autogolpe de Estado, un golpe de Estado institucional, por ende tenemos todas las bases legales para demandar al MAS para que se cancele la personalidad jurídica del mismo«
Esta demanda carece de sentido y fundamentación, y muestra el desconocimiento de las normas por parte de los demandantes; ya que en la legislación boliviana, y menos en la Ley 1096 que es la que rige para las organizaciones políticas, existen causales para inhabilitar a los partidos políticos por fraude electoral. Lo que inhabilita a una organización política, – de acuerdo a la Ley antes mencionada- es la “Comprobada participación institucional en golpes de Estado,
política, se quedarían sin representación, y su derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político estaría totalmente vulnerado porque en el juego electoral solo quedaran las opciones del bloque político opositor al MAS-IPSP. Es mas, los sectores sociales al no sentirse representados por las elites políticas conservadoras del anterior ciclo político neoliberal (1985-2005) optaron por organizar su propio instrumento político el MAS-IPSP, para ejercer su derecho al voto y cumplir con los mandatos constitucionales establecidos en el parágrafo II, del Art 26 de la CPE, que señala: “el derecho a la participación comprende: 1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución. 2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente”. El ejercicio de los derechos políticos, y el hecho de contar con su propio instrumento político, permitió a los sectores sociales mayoritarios que eran marginados, visibilizados, discriminados llegar a ser gobierno estar incluirlos en el ejercicio del Poder del Estado por 14 años consecutivos a la cabeza de Evo Morales Ayma.
FUENTE : https://www.hispantv.com/noticias/opinion/478324/bolivia-mas-ipsp-candidatos-elecciones
