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Los curros, las palabras necias, los silencios cómplices

FileAccessHandlerMauricio Macri dijo que si llega al poder “se acabarán los curros de los derechos humanos”. Cristina Fernández de Kirchner respondió que “dan pena los que hablan de los curros de los derechos humanos” y que le molestan menos “las palabras necias que los silencios cómplices”, en una obvia referencia al primer candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, quien prefirió no recoger el guante y dejar pasar el convite. El breve debate es un buen ejemplo de la manera en que tres líderes de la Argentina se relacionan –con medias verdades, chicanas, y elusiones– con uno de los temas más sensibles de la historia argentina: la brutal represión ilegal ocurrida durante la última dictadura militar.

Macri apunta sobre un hecho indiscutible: ha habido, en estos años, negociados y escándalos relacionados con organizaciones de derechos humanos, particularmente con la organización Madres de Plaza de Mayo. Lo que ocurre es que no se conoce su opinión –la de Macri– sobre el hecho central ocurrido en la Argentina, que fue el juicio y castigo a la mayor parte de los represores de la dictadura militar. En el largo derrotero que llevó desde el momento en que ocurrían esos crímenes hasta que finalmente se condenaron, ni Mauricio Macri ni la inmensa mayoría de sus colaboradores de primera línea tuvieron ninguna participación que impulsara los juicios o, al menos, la difusión de los hechos ocurridos durante la dictadura militar. En estas últimas semanas, la única excepción de su gabinete, el radical Hernán Lombardi, inauguró una muestra de homenaje a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Pero no se sabe qué opina Macri de lo sucedido. Y, si está claro que la represión ilegal fue mucho más grave que el negociado de Sueños Compartidos, es difícil de entender que haya un pronunciamiento sobre lo segundo sin ninguna referencia a lo primero, es decir, a lo más importante. Con lo cual, uno puede pensar que se utiliza el defecto para combatir por elevación la virtud.
La respuesta presidencial tiene el mismo formato, aunque en sentido contrario.

El escándalo de Sueños Compartidos es muy grave por varias razones: la más importante de ellas es que mezcló a los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo con un hecho de corrupción. Hebe Pastor de Bonafini fue siempre un personaje polémico del mundo de los derechos humanos. Sus posturas tuvieron una intransigencia que generaron más resistencias sociales que otros liderazgos como el de Hebe de Bonafini. Cuando cambió esas resistencias por el respaldo incondicional al Gobierno, con el mismo tono de infalibilidad, provocó más reacciones. Pero una cosa es eso, y otra involucrarla en un escándalo con millones de billetes dando vuelta. Para colmo, no es investigada porque la causa cayó nada menos en el juzgado de Norberto Oyarbide, a quien la titular de las Madres reivindicó en diversas declaraciones. El aparato comunicacional y político del oficialismo intentó concentrar las culpas en su colaborador Sergio Shocklender, como si la líder de las Madres, a quien iban dirigidos los aportes, fuera ingenua, o inimputable.

En este sentido, que esta semana Eugenio Zaffaroni haya calificado a Bonafini como “nuestra brújula ética” parece una broma de mal gusto. Estela de Carlotto fue categórica al respecto: “Nos dicen chorras por culpa de otras personas”, dijo.
En estos años, el reclamo de juicio y castigo pasó del lugar de la rebeldía al del oficialismo, el del poder político. Eso provocó cambios de magnitud, y entre ellos, algunos negociados. Sostener que quien los señala, en realidad, lo que pretende es eliminar la política de los derechos humanos, es simplemente un recurso discursivo: se ve demasiado lo que se niega. Además, algunas personas que fueron muy valientes durante la dictadura militar, como Graciela Fernández Meijide, o el fiscal Julio César Strassera, autor de la acusación más lapidaria en contra de los militares en los años ochenta, coinciden: hubo curros de los derechos humanos, dicen.

Entre los desvíos, por llamarlo de manera complaciente, se incluye el intento de aplicación de una especie de revisionismo histórico donde se atribuyó de manera completamente arbitraria el mote de “cómplice de la dictadura” a personas que la habían combatido o denunciado mientras se trataba como luchadores a quienes en realidad habían sido cómplices. Entonces, no importaba lo que alguien hubiera hecho entonces: si alguien había enfrentado a los militares (Magdalena Ruiz Guiñazú) pasaba a ser cómplice de ellos porque ahora criticaba al Gobierno; en cambio, si alguien había trabajado para un medio que apoyaba a la dictadura (Orlando Barone, en Clarín), como ahora se alineaba con el Gobierno era tratado como un héroe de entonces. La lucha por la aplicación de los derechos humanos, que llevaba un recorrido de tres décadas, y era adoptada por personas sin distinciones políticas, fue partidizada, sectarizada y utilizada como arma para definir pleitos menores del presente.

Así: de un lado se ubican los que sólo señalan los curros de los derechos humanos sin respaldar la política de juicios y castigo; y del otro, los que produjeron esos curros y, por momentos, utilizan la política de juicio y castigo para ocultarlos detrás de ellas.
En el medio, está Daniel Scioli que silba bajito. En 1989 dio un reportaje donde parecía adherir a la teoría de los dos demonios y difundió su apoyo a la política de impunidad que, en ese momento, promovía el menemismo y se autodenominaba como de “reconciliación nacional”. Ahora, como de muchas otras cosas, no se sabe exactamente lo que opina.

Así como está la situación, quizá convenga para el futuro poner las cosas en su justo término. El camino que llevó a los culpables de crímenes de la dictadura a la cárcel fue una construcción social larga y compleja. En cada momento político posterior a 1983 hubo marchas y contramarchas: el alfonsinismo aportó el maravilloso informe de la Conadep y los primeros juicios, mientras que retrocedió con el punto final y la obediencia debida; el menemismo acentuó la regresión con el indulto pero luego impuso la primera y demoledora autocrítica de los militares y luego terminó, por primera vez en la historia argentina, con las Fuerzas Armadas como factor de poder político; el kirchnerismo impuso los nuevos juicios –en ese contexto de desmilitarización– pero encerró esa política en sus propios límites, a tal punto que ya ni se cuestiona si el acto donde se conmemora el regreso de la democracia debería o no tener el formado de una líder partidaria hablándoles de sus problemas a sus seguidores.

Aun con esas complejidades, la sociedad produjo un hecho casi inédito en la historia mundial: una democracia logró poner a cientos de genocidas entre rejas y lograr un acuerdo básico sobre lo que ocurrió en esos años.
Las peleítas y las corruptelas del presente no deberían ensuciar todo eso. Macri tal vez tendría que conceder lo que corresponde a la política de juicio y castigo a los culpables: sumar a su sector de derecha, muchas veces moderado, a ese consenso que debería ser básico. Y el kirchnerismo abandonar el lugar de único dueño de ese espacio –incluidos sus curros monetarios y simbólicos– para que sea, como lo es, de toda la democracia.
Argentina, ¿año verde?
Tal vez no.

POR ERNESTO TENEMBAUM

http://www.veintitres.com/

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