Hondureños rechazan amnistía para responsables del golpe de Estado

honduras_golpeTegucigalpa, 7 ene (PL) Organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos rechazaron hoy los planes del régimen de facto hondureño de aprobar una amnistía para los responsables de crímenes cometidos desde el cuartelazo del 28 de junio.

  “Los delitos de lesa humanidad no prescriben y tarde o temprano sus autores tendrán que pagar ante la justicia”, advirtió en un comunicado el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, que agrupa a una amplia gama de grupos populares y políticos progresistas.

Miembros del Congreso Nacional anunciaron tener listo el decreto que absolverá a los involucrados en delitos derivados de la asonada contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya.

Según el jefe de la Comisión de Amnistía del Parlamento, Rolando Dubón, ya efectuaron una reunión previa con un grupo de juristas para ajustar cada fragmento del proyecto, que será sometido a votación el lunes.

Desde hace años las amnistías se han convertido en el asidero de los violadores de los derechos humanos en América Latina, denunció Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Advirtió Oliva que, aún cuando se apruebe el indulto, los defensores de las prerrogativas ciudadanas llevarán el caso a la Corte Penal Internacional.

La coordinadora de COFADEH consideró como un show el anuncio de la Fiscalía de solicitar la orden de captura contra la cúpula de las fuerzas armadas por la expatriación del presidente Zelaya.

En un editorial publicado hoy el diario Tiempo califica como un simulacro el supuesto enjuiciamiento de los militares y recuerda que el anuncio se hace días antes del debate de la amnistía que “a fuego lento y en baño de María se cocina en el Congreso”.

De acuerdo con Zelaya, durante el régimen de facto se reportaron más de cuatro mil 200 violaciones a los derechos humanos, 130 miembros de la resistencia asesinados, cinco jóvenes masacrados en manifestaciones pacíficas y más de tres mil detenciones.

Carmen Esquivel Sarría/PL)