Escándalo judicial e incendios forestales marcan semana colombiana

Bogotá, 9 ene (PL) El escándalo por la liberación de 17 militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales y la ola de incendios forestales que azotan al país desde comienzos de año marcaron en Colombia la semana noticiosa que hoy concluye.

  La justicia colombiana puso en libertad el pasado jueves a tres suboficiales y 14 soldados profesionales, sindicados de la desaparición y posterior asesinato de varios jóvenes en 2008, que fueron presentados por los uniformados como guerrilleros muertos en combate.

La decisión fue adoptada por el juez que lleva el caso, tras alegar vencimiento del plazo de prisión preventiva sin que se diera ningún juicio contra los militares, en consonancia con una petición de la defensa.

Ese fallo judicial generó una avalancha de fuertes críticas y rechazo dentro y fuera del país, que para muchos es visto como un “espectáculo de impunidad”, al tiempo que los uniformados en cuestión seguirán prestando servicio en el ejército.

El representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, expresó su temor por las implicaciones que pueda tener la medida en los demás casos que se investigan en el país por “falsos positivos”, como se conocen aquí eufemísticamente dichos crímenes.

“Estoy muy preocupado por el posible impacto de la puesta en libertad en los demás casos, la Fiscalía General está investigando más de mil 200 casos de ejecuciones extrajudiciales y una decisión así puede ocasionar un mayor miedo en testigos, desconfianza en las víctimas, sufrimiento de las madres”, apuntó.

Por su parte, el defensor del pueblo, Volmar Pérez, indicó que la justicia nacional emite un mensaje equivocado y desalentador al país y el mundo.

A su vez, el director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, advirtió sobre las graves repercusiones para Colombia, tras señalar que el hecho se pondrá en conocimiento ante los órganos internacionales de justicia.

De otro lado, en esta semana ascendió a 98 el número de municipios colombianos afectados por la ola de incendios forestales que azota al país, con más de tres mil hectáreas de vegetación consumida por las llamas, sin que se reporten víctimas humanas.

Según el más reciente balance del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, al momento permanecen activos seis conflagraciones; dos en el departamento de Valle del Cauca, y uno en los departamentos de Cundinamarca, Casanare y Norte de Santander, así como en la capital.

Ante esta situación que se presenta desde comienzos de año, el gobierno decidió adoptar una serie de acciones preventivas y decretar la situación de desastre nacional en varios departamentos, para atender la crisis generada por los incendios.

De acuerdo con las autoridades, con esta medida el Estado tendrá más recursos y oportunidades para operar y adoptar decisiones más efectivas que ayuden a controlar la ocurrencia de las conflagraciones.

En tanto, el gobierno ofreció recompensas a quien denuncie a los responsables de causar incendios, que según peritos son provocados en más de un 90 por ciento por pirómanos.

En la semana también fue noticia la revocación, por parte de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), de la controvertida licitación de un tercer canal privado de televisión en Colombia, ante una recomendación de la Procuraduría General que expuso irregularidades jurídicas y dudas técnicas.

La CNTV aclaró que pese a acatar la petición, no comparte los fundamentos por los cuales el organismo de control recomendó suspender dicha licitación, que generó fuertes controversias en el país.

Las presuntas inconsistencias jurídicas y dudas técnicas en torno al proceso provocaron en diciembre último que el grupo español Prisa y el emporio del venezolano Gustavo Cisneros desistieran de la puja.

Frente a esa situación sólo quedó como aspirante el grupo editorial Planeta, ante a lo cual la Procuraduría consideró que ello viola el principio de pluralidad de oferentes que debe darse en un proceso de este tipo.

Asimismo sectores políticos y varios órganos de prensa locales pedieron aplazar la entrega del canal hasta pasadas las venideras elecciones parlamentarias y presidenciales, para evitar suspicacias, con lo cual la licitación adquirió un significativo tinte político en el país.

Alberto Corona/PL)