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Muerte de gobernador departamental marcan semana colombiana

muerteluiscuellarBogotá, 26 dic (PL) El secuestro y muerte del gobernador del departamento colombiano de Caquetá, Luis Cuéllar, a manos de un grupo de hombres fuertemente armados marcaron en el país la semana noticia que hoy concluye.

El presidente Álvaro Uribe culpó del hecho a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque hasta la fecha no han sido presentadas pruebas que impliquen en dicha acción al grupo insurgente.

Cuéllar fue sacado de su residencia la noche del pasado lunes por un comando de hombres armados y fue encontrado muerto al día siguiente en una vereda rural cercana a Florencia, capital departamental de Caquetá, donde era gobernador.

Ante este hecho, en una alocución dirigida a la opinión pública nacional desde la Casa Nariño (sede del Ejecutivo), Uribe ratificó la decisión de su gobierno de enfrentar militarmente a la guerrilla.

La instrucción del mandatario a los altos mandos militares es considerada un riesgo para la liberación anunciada del suboficial Pablo Emilio Moncayo, el soldado Josué Daniel Calvo, además de la entrega de los restos del mayor Julián Ernesto Guevara a su familia, en manos de las FARC.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ese proceso quedó sin garantías a raíz de la orden de Uribe, por lo que el organismo suspendió todas sus gestiones al respecto.

En tanto, la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), donde las FARC suelen emitir sus comunicados, calificó de irresponsable esa atribución por parte del mandatario y su gobierno.

“Es irresponsable para cualquier medio culpabilizar a alguien, sea grupo o persona individual, sin conocer los resultados de una investigación seria”, refiere ANNCOL en un editorial difundido en su página electrónica.

No creemos que en cuestión de horas, el presidente y su régimen atribuyan a las FARC la autoría del hecho, sin mostrar ni siquiera una sola prueba, añade.

Asimismo, esta semana el cardenal colombiano Darío Castrillón reveló que le propuso al jefe de las FARC, Alfonso Cano, sostener un diálogo en Europa a fin hallar una solución al conflicto interno.

En declaraciones a una radioemisora local desde El Vaticano, Castrillón sostuvo que para la realización de ese encuentro cuenta con el aval del presidente Uribe y el Papa Benedicto XVI.

Según explicó, el propósito de la cita sería buscar un acuerdo humanitario para la liberación de los retenidos en poder de la guerrilla con miras al comienzo de un proceso de paz en el país.

“Si hay un diálogo, podría ser aquí en Europa. Esa posibilidad la hay. El señor presidente (Uribe) estaría de acuerdo en que esto se realice, buscando siempre lo mejor para el país”, apuntó. Castrillón no precisó la fecha en que realizó su propuesta al jefe de la FARC, y se limitó a señalar que “ya han pasado unos días”.

Estamos esperando a ver qué dice Cano y a quién delega para la reunión, agregó, al tiempo que indicó que para ello el máximo jefe del grupo insurgente debería contar con un salvoconducto por parte del gobierno.

Por otra parte, la Registraduría Nacional de Estado Civil reportó esta semana que 29 millones 882 mil 147 colombianos están aptos para votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales del venidero año.

Acorde con el calendario comicial, los colombianos acudirán a las urnas el 14 de marzo del próximo año para elegir a 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, además de cinco miembros al Parlamento Andino.

Posteriormente, los electores regresarán a los colegios electorales el 30 de mayo para elegir al presidente y vicepresidente, y volverían a una segunda vuelta el 20 de junio en caso que ninguno de los candidatos alcanzará la mitad más uno de los votos válidos.

De otra parte, esta semana el presidente Uribe promulgó el acto legislativo mediante el cual se prohíbe el porte y consumo de sustancias de estupefacientes o sicotrópicas y se establece atención médica para los adictos.

Esa reforma constitucional también ordena que la ley fije medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias.

A su vez, la norma aprobada por el Congreso también exhorta al Estado dedicar especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia, a fin de prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y por consiguiente de la comunidad.

Alberto Corona/PL)

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