Crecen resistencias a reforma planteada por gobierno peruano

Lima, 25 dic (PL) El empeño presidencial de forzar un cambio de modalidad de elección del Congreso de la República y su advertencia que, de lo contrario, disolverá al órgano legislativo, continúan generando resistencias, inclusive en el partido gobernante.

Figuras del aprismo cuestionaron la constitucionalidad de cualquier procedimiento que excluya al parlamento y plantee su cierre, para aprobar una reforma constitucional cuyo debate ha dejado sin efecto la tácita y tradicional tregua política de fin de año.

La propuesta plantea elegir al 50 por ciento de los legisladores a la mitad de la gestión presidencial, de cinco años, como supuesta fórmula para que la ciudadanía reemplace a los congresistas que incurran en conductas inadecuadas, como las que tienen con frecuencia.

Como el parlamento rechazó el proyecto, en una votación que dejó aislado al gobernante Partido Aprista, el gobierno promueve un referendo, el que tampoco es aceptado por la mayoría de los partidos.

El presidente Alan García ha advertido que, ante un nuevo rechazo, el gabinete ministerial hará cuestión de confianza en el tema, lo que significa que se verá obligado a renunciar y si la situación se repite, según al Constitución, el congreso quedará disuelto y será elegido uno nuevo.

Por ello, García es acusado por la oposición y hasta por fuerzas políticas aliadas del ejecutivo, de caudillismo y de golpista émulo del autoritario ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que en 1992 disolvió el órgano legislativo y ahora está encarcelado por diversos crímenes.

“Hay una actitud efectista del Presidente, quien no puede cerrar el parlamento porque sería inconstitucional y antidemocrático”, apuntó el congresista Javier Valle Riestra.

Valle Riestra y la también parlamentaria aprista ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas coincidieron en que tampoco es viable la idea gubernamental de convocar a una legislatura extraordinaria para tratar el tema.

Para Valle Riestra y el legislador aprista José Carrasco Távara, el gabinete no puede plantear una cuestión de confianza al parlamento en una propuesta de reforma constitucional, pues la Carta Magna no lo permite.

García niega fines dictatoriales y asegura que sólo busca atender el clamor popular contra las incorrecciones de los parlamentarios, a quienes una reciente encuesta asignó sólo siete por ciento de aprobación ciudadana.

El opositor Partido Nacionalista ha planteado como alternativa otra reforma constitucional, para que la ciudadanía pueda revocar a cualquier parlamentario, por causas como el transfuguismo, y también al presidente, si incumple sus promesas electorales.

Legisladores de ese y otros partidos consideran que el empeño presidencial obedece al caudillismo de García y a cálculos políticos electorales.

Diversos analistas señalan que el veterano gobernante busca cargar al congreso todo el desgaste políticos de su administración y mejorar sus modestos índices de aprobación ciudadana capitalizando el desprestigio legislativo, con miras a las elecciones regionales de 2010 y regionales de 2011.

El conocido analista Sinesio López fustiga el caudillismo de García como un problema para la democracia y dice que, al forzar la cuestionada reforma, el gobernante busca “levantar sus alicaídos bonos librando una batalla contra una institución desprestigiada y vilipendiada”.

Otro de sus objetivos, afirma, es “desplazar la atención ciudadana desde los problemas sustantivos de la economía (crisis de crecimiento, empleo, desigualdad, pobreza) al campo meramente institucional”, con fines electorales.

También busca, prosigue, “crear una situación de impase político y constitucional que justifique la amenaza de un autogolpe al estilo de Fujimori. En resumen, García busca reordenar el escenario político en sus propios términos caudillistas y revertir la imagen de gobernante antipopular que proyecta hacia América Latina”.

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Mario Huamán, rechazó igualmente el proyecto y señaló que el aprismo pretende pasar por crítico del Congreso, cuando lo ha controlado desde el inicio del gobierno y es por tanto responsable de sus escándalos y excesos.

Manuel Robles Sosa/PL)