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Persiste confrontación entre poder ejecutivo y judicial colombianos

Vicky Prieto "Madre de La Luz" (TACHELES) BERLIN

Vicky Prieto "Madre de La Luz" (TACHELES) BERLIN

Bogotá, 22 oct (PL) Las maltrechas relaciones que mantienen desde hace varios meses el poder ejecutivo y judicial colombianos amenazan con agudizarse hoy, ante los desacuerdos y encontronazos en torno a la escogencia del próximo fiscal general de la nación.

  El nuevo capítulo tiene lugar luego de la nueva postulación realizada por el presidente Álvaro Uribe, quien nombró a Marco Velilla para integrar la terna de candidatos a presentar a la Corte Suprema de Justicia para la elección del nuevo jefe del ente acusador.

Velilla, quien en la actualidad ejerce como magistrado en la sección primera del Consejo de Estado, reemplaza así a Juan Ángel Palacios, quien renunció ante las polémicas desatadas por las denuncias en su contra.

En tanto, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, señaló que la hoja de vida del abogado ya fue colocada en la página digital de la Presidencia, en la cual permanecerá tres días como lo exigen los requisitos.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, órgano que debe elegir al nuevo fiscal de la nación en base a la terna presentada por el gobierno, manifestó que aún no fue notificada de ese nuevo nombramiento.

Así lo sostuvo ante la opinión pública el presidente del alto tribunal, Augusto Ibáñez, quien además recordó que toda la terna presentada por el ejecutivo fue declarada inviable, por lo cual la nueva candidatura en nada cambia las cosas.

“En sala de gobierno se dijo que la terna era inviable, en reunión privada se le dijo que la terna era inviable, el tema fundamental es que no nos podemos entrometer en las determinaciones del presidente y cuando la terna es inviable es la terna”, puntualizó.

A su vez, la Comisión Interinstitucional de Justicia respaldó a la Corte para que la terna sea totalmente cambiada por el mandatario.

Esta decisión fue adoptada durante un encuentro entre los presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y los representantes de los trabajadores judiciales.

De otro lado, fuentes de la Casa de Nariño, citadas por una radioemisora local, señalaron que en una reunión entre Uribe y la directiva de la Corte Suprema los magistrados le dijeron al jefe de Estado que con la renuncia de Palacio quedaba superado el impasse.

Por ello, siempre de acuerdo con la fuente, el presidente recibió con extrañeza la noticia, respecto a la solicitud de la justicia para que cambie la totalidad de la terna.

De esa manera el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos Camilo Ospina, la abogada Virginia Uribe y Velilla -quienes conforman la lista de candidatos presentada por el gobierno- deberán esperar por el resultado final de la ya prolongada confrontación entre ambos poderes.

Para analistas políticos consultados por Prensa latina, el insistente enfrentamiento público entre el ejecutivo y la rama judicial amenaza la institucionalidad del Estado colombiano, en caso de no hallarse una fórmula que ponga fin al conflicto, calificado por algunos medios de prensa locales de insólito ante las proporciones que ha alcanzado.

Lo cierto es que si se observa el desarrollo de los acontecimientos en los últimos meses, se puede apreciar que este choque de trenes ganó en intensidad, pues los mismos van desde denuncias, interceptaciones ilegales, investigaciones financieras, condenas, acusaciones y hasta expedientes abiertos contra varios congresistas.

Varias voces del espectro político nacional definen estos enfrentamientos como la “judicialización de la política y la politización de la justicia”, lo cual debilita la concordia constitucional que tradicionalmente debe existir entre las diferentes ramas del poder público.

Asimismo, estos encontronazos de poderes han generado una especie de “síndrome de la prevención”, en las que las partes implicadas ven con suspicacias y recelos los pasos y determinaciones del otro.

Alberto Corona/PL)

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