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Pacto militar y porfía de poderes en semana colombiana

ANDREA COLITTI ARTISTA DE ITALIA EN BERLIN (TACHELES)

ANDREA COLITTI ARTISTA DE ITALIA EN BERLIN (TACHELES)

Bogotá, 31 oct (PL) La firma de un polémico pacto militar con Estados Unidos y la porfía entre el poder Ejecutivo y Judicial en torno a la elección del nuevo fiscal general de la nación, caracterizaron la semana noticiosa colombiana.

  Bogotá y Washington sellaron el pasado viernes en la sede de la Cancillería local, en una ceremonia a puerta cerrada, un acuerdo militar mediante el cual se autoriza a soldados y contratistas estadounidenses operar desde siete bases en el territorio nacional.

En virtud del mismo -hasta donde han informado ambos gobiernos – habrá permanentemente en Colombia por lo menos mil 400 soldados estadounidenses, 800 de manera directa y otros 600 bajo condición de contratistas, lo que es considerado por varios países como un peligro real para el hemisferio.

Colombia y Estados Unidos sostienen que este acuerdo está dirigido a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, argumento que muchos consideran, incluido gobiernos vecinos, como un pretexto para encubrir las verdaderas intenciones geopolíticas del Pentágono en la región.

En tanto, hasta el momento no se conocen detalles del acuerdo y crecen las preocupaciones en tono al tema de la inmunidad, aspecto sensible para muchos colombianos, toda vez que son conocidas las practicas de los militares estadounidenses en sus bases desplegadas por el mundo.

De las consecuencias que traerá a la región este acuerdo se ha hablado mucho en los últimos cuatro meses, a la vez que el pacto no fue debatido por el Congreso colombiano, pese a que el Consejo de Estado recomendó al presidente tener el pronunciamiento del Legislativo.

Por otra parte, en la semana la puja entre el poder Ejecutivo y Judicial colombianos cobró nuevos bríos respecto a la elección del nuevo fiscal general de la nación, en un contexto donde las partes insisten en sus posiciones y sostienen que no cederán a la presión de la otra.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia dijera nuevamente que la terna presentada por el presidente Álvaro Uribe para la elección del jefe del ente acusador “es inviable”, el enfrentamiento entre ambos poderes amenaza con extenderse más allá de toda lógica.

Uribe, quien insiste en mantener la terna presentada, pidió al alto tribunal -en una alocución radiotelevisada- “una reflexión” en torno a la escogencia del fiscal general a partir de los nombres ofrecidos.

Acorde con el mandatario, los juristas Marco Antonio Velilla, Virginia Uribe y el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Camilo Ospina, reúnen todos los requisitos como elegibles a fiscal general.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, órgano que debe elegir al nuevo jefe del ente acusador en base a la terna presentada por el gobierno, reiteró que la misma es inviable, pese a la entrada de Velilla al selecto grupo tras la renuncia de Juan Ángel Palacio, acosado por varios escándalos.

Uribe se declaró sorprendido por el pronunciamiento del alto tribunal, pese a que era conocida públicamente su postura en torno al tema.

También copó grandes espacios en la prensa nacional detalles de una masacre perpetrada en una localidad venezolana de Táchira, en la que fueron asesinados al menos 10 colombianos.

Hasta el momento hay identificados ocho colombianos, un venezolano y un peruano, víctimas del asesinato múltiple, sin que se tenga aún claro quienes fueron los responsables de estos hechos.

Asimismo, esta semana la senadora liberal Piedad Córdoba afirmó que la liberación unilateral de los uniformados retenidos en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), depende del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Córdoba declaró a reporteros que las FARC están lista para la entrega anunciada hace varios meses y espera de la decisión de Ejecutivo para llevar a cabo el proceso de liberación.

La senadora refirió que el grupo de la sociedad civil que lidera, Colombianas y Colombianos por la Paz, está en disposición de iniciar el proceso cuanto antes.

Las FARC han manifestado en reiteradas oportunidades su voluntad de liberar al suboficial Pablo Emilio Moncayo, el soldado Josué Daniel Calvo y entregar los restos del mayor Julián Ernesto Guevara a sus familiares.

Fuente:PRENSA LATINA

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