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Nueva ley de medios de difusión: hito en historia argentina

Buenos Aires, 14 oct (PL) Los ecos de la adopción de la nueva ley de medios de difusión en Argentina están lejos de haberse apagado y, por la trascendencia del hecho, prometen seguir sonando durante mucho tiempo en el espacio político nacional.

  Aprobado por abrumadora mayoría y sin modificaciones en el Senado de la Nación (44 a favor y 24 en contra, de un total de 72, con cuatro legisladores ausentes), el proyecto, discutido en audiencias públicas desde principio de año y con la media sanción de diputados desde el 17 de septiembre, entró en la historia argentina como el más debatido.

Le valió ese título por el número de horas de acaloradas discusiones dentro y fuera del recinto congresal y por los innumerables malabarismos de las fuerzas de oposición al gobierno -en clara subordinación a los monopolios mediáticos- para obstaculizar el proceso.

La primera campaña en contra pretendió descalificar el documento mismo, al considerarlo una mordaza a la libertad de expresión.

La segunda consistió en deslegitimar al Legislativo, al pretender pasar el análisis para después de la asunción del nuevo congreso en diciembre, bajo el argumento de que las elecciones del pasado 28 de junio fueron una derrota para el Ejecutivo.

Y la tercera, cuando fallaron los palos en la rueda en Diputados -que la adoptó por 147 votos favorables, cuatro en contra y una abstención-, se empeñó en introducir tantas enmiendas en el Senado que obligara a devolverlo a la Cámara baja, para así postergarlo hasta la nueva legislatura y de ahí a las calendas griegas.

De esa forma, lo que algunos legisladores opositores calificaron irónicamente de “la madre de todas las batallas”, se transformó en una derrota para ellos, representantes de los sectores conservadores de la sociedad, que deberán repensar ahora sus estrategias ante tamaña debacle, fundamentalmente expuesta por esos mismos emporios que defienden.

La nueva ley, en vigor con la firma el mismo día 10 de la presidenta Cristina Fernández y su publicación en el Boletín Oficial, es calificada de hito importante en la democratización y universalización de los medios audiovisuales al considerarlos servicios de interés público y establecer normas claras y órganos colegiados para su aplicación.

Dos de sus artículos -el 32 y el 161-, que sirvieron de caballo de batalla de la llamada oposición dura para poner fuera de combate a quienes la respaldaron, fueron derrotados por diferencia de 10 votos.

El primero pone en manos del gobierno la facultad de adjudicar las licencias en las ciudades de más de medio millón de habitantes, mientras el segundo obliga a las actuales megacorporaciones de radio y televisión a desprenderse, en un plazo de un año, de las licencias en las que se supere el límite establecido por la nueva ley.

El cuerpo de la norma que pone fin a la vigente desde 1980 impuesta por la última dictadura militar permite por primera vez establecer cooperativas, limita a 10 años las licencias (hasta ahora eran 15) y obliga a un 60 por ciento de programación nacional a la televisión abierta y a un mínimo de 30 por ciento de producción propia.

Otro de sus artículos reserva el 33 por ciento de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro.

También autoriza a los pueblos originarios la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televisión abierta.

Estos preceptos, recibidos con júbilo por la inmensa mayoría de la sociedad, siguen sin ser del agrado de los grupos de poder que acaparan ahora los medios, y a través de los legisladores que le son afines se preparan para crear obstáculos a su aplicación a partir del 10 de diciembre, cuando esperan contar con fuerza suficiente en el Congreso.

Roberto Molina Hernández/PL)

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