Golpistas hondureños son quienes deben explicaciones, afirma ministra

Brasilia, 28 oct (PL) La ministra-jefa de la Casa Civil de la presidencia brasileña, Dilma Rousseff, aseveró hoy que el gobierno de facto de Honduras es el que debe explicaciones a la comunidad internacional sobre el golpe de Estado.

  Brasil no está interfiriendo en nada, aseguró Rousseff al rebatir el anuncio de los golpistas hondureños de que presentarán una queja contra este país en la Corte Internacional de La Haya, Holanda, por la supuesta injerencia del gobierno brasileño en los asuntos internos de esa nación centroamericana.

“Brasil simplemente acompaña ese asunto de forma de tener una posición que representa lo que es nuestra convicción de derechos humanos, derecho internacional y respeto mínimo a lo estipulado sobre el derecho de abrigo”, aseguró la ministra-jefa de la Casa Civil en declaraciones a la prensa en esta capital.

De acuerdo con BBC Brasil, el gobierno de facto de Honduras pedirá a la Corte Internacional de La Haya una indemnización a Brasil por lo daños causados por ofrecer abrigo al presidente José Manuel Zelaya en la embajada brasileña en Tegucigalpa desde el 21 de septiembre pasado.

“Nosotros no podemos considerar una posición de un gobierno golpista como si fuera la de un gobierno consecuente”, subrayó Rousseff.

El 28 de junio, un golpe de Estado no sólo sacó a Zelaya de la presidencia hondureña, sino hasta del país. Ese mismo día, Brasil condenó de forma vehemente esa acción y aseguró que hechos de ese tipo no se pueden tolerar en el siglo 21 en América Latina, víctima de ese flagelo a finales de la centuria pasada.

Además de exigir el retorno del presidente constitucionalmente electo, el gobierno brasileño interrumpió todos los acuerdos de colaboración y retiró a su embajador en Tegucigalpa hasta la salida de los golpistas y el regreso de la democracia en ese país centroamericano.

El 21 de septiembre pasado, el presidente Zelaya regresó a Honduras y pidió refugio en la embajada brasileña en Tegucigalpa, lo cual fue aceptado por el gobierno de este país.

Fuente:PRENSA LATINA